En este artículo se sostiene, en primer lugar, que (1) la persistencia a nivel internacional de debates éticos en torno al estatus moral del nasciturus y (2) el tradicional compromiso deontológico de los profesionales sanitarios con la salud, tanto de la embarazada como del hijo que espera, dotan de pleno sentido y vigencia al derecho a la objeción de conciencia de dichos profesionales. Sin embargo, donde el aborto legal se configura como prestación sanitaria, surge entonces la dificultad de gestionar esa prestación y, al tiempo, el conflicto moral que expresa la objeción de conciencia. Si en una institución sanitaria pública la objeción es generalizada, se plantea una disyuntiva con implicaciones éticas entre derivar a las gestantes a otras instituciones o aplicar estrategias de integración de personal a nivel de servicio de salud. En el caso de España, se ha aprobado este año una reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (LOSSRIVE), que manifiesta una voluntad más taxativa de que la objeción de conciencia no impida el acceso al aborto en las instituciones sanitarias públicas, estableciéndose previsiones específicas al efecto. A partir de los trabajos parlamentarios identificamos los principales puntos de discrepancia política que remiten a dispares posiciones de fondo sobre el aborto y afectan al propio planteamiento de la reforma, así como a otros elementos no siempre novedosos —algunos de ellos ya estaban en la LOSSRIVE o se venían aplicando a nivel autonómico con el plácet del Constitucional.
Palabras clave:
aborto, objeción de conciencia, sanidad pública, registros de objetores
Vilas-Iglesias, M. S. ., & Caamaño-Alegre, J. . (2024). Conflictos éticos en un contexto de gestión pública: objeción de conciencia y aborto en la red sanitaria pública española. Acta Bioethica, 30(1), 19–30. Recuperado a partir de https://revistapsicologia.uchile.cl/index.php/AB/article/view/74886
